Sobre este órgano jurisdiccional, creado en 2012, expuso el asesor científico de la jurisdicción Santiago, Ricardo Serrano, en charla desarrollada este jueves por la Facultad de Ciencias.
Sobre este órgano jurisdiccional, creado en 2012, expuso el asesor científico de la jurisdicción Santiago, Ricardo Serrano, en charla desarrollada este jueves por la Facultad de Ciencias.
El biólogo y asesor científico del Tribunal Ambiental de Chile, jurisdicción Santiago, Ricardo Serrano, quien posee vasta experiencia en gestión y evaluación ambiental, expuso acerca del nuevo órgano, creado por ley en 2012, en charla realizada en el Campus San Andrés por la Facultad de Ciencias.
En la oportunidad, el expositor explicó que la entidad, sujeta a la superintendencia de la Corte Suprema y de composición mixta -tres ministros titulares y dos suplentes-, surgió luego de un debate parlamentario y de la necesidad de controlar la administración del Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental y de aplicar justicia en la materia.
Indicó que la relevancia del tribunal es resolver las controversias medioambientales que establece la ley 20.600 y otras normas relacionadas, y que sus funciones son recibir reclamaciones en contra de los dictámenes del Ministerio del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental y Superintendencia del Medio Ambiente (SMA); acoger demandas por daño ambiental y solicitudes de autorización realizadas por la SMA, respecto de medidas temporales, suspensiones y sanciones aplicadas por ésta.
Asimismo, señaló que la primera jurisdicción de la entidad corresponde a Antofagasta, con competencia desde las regiones de Arica y Parinacota a Coquimbo; la segunda a Santiago, que cubre las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule; y la tercera a Valdivia, comprendiendo las regiones del Biobío y Magallanes.
Serrano concluyó su charla refiriéndose al tribunal de Santiago, que entró en funcionamiento este año, con 30 causas ingresadas desde abril a noviembre, y cuyos desafíos son “desarrollar jurisprudencia ambiental apegada al Derecho y con base en la evidencia científica y técnica; administrar justicia ambiental de calidad, reconocida y creíble; y efectuar un control jurisdiccional estricto e independiente de la administración”.