En la Clase Inaugural del Magister en Medio Ambiente de la UCSC, Pablo Daud, miembro de la Comisión Asesora Presidencial del Ministerio del Medio Ambiente, se refirió a legislación vigente desde 1994.
Un tercio de las reclamaciones y causas que ingresaron al Tribunal Ambiental de la macrozona sur de Chile –desde que comenzó a operar, en 2013-, son de la región del Biobío. Y cada año, las materias legales sobre estos temas han ido en aumento. A pesar de sus logros, la normativa vigente data desde 1994, y exhibe aún materias pendientes, como lo señaló el miembro de la Comisión Asesora Presidencial del Ministerio del Medio Ambiente, Pablo Daud.
Encargado de dictar la Clase Inaugural del Magister en Medio Ambiente que dictan en conjunto las Facultades de Ingeniería y de Ciencias de la UCSC, el asesor expuso “¿Es necesario modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en Chile?”. Destacando que el SEIA dio contenido a una garantía constitucional, como es el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, y ha evitado efectivamente el deterioro ambiental con la creación de instituciones que velan por ello.
No obstante, dijo, el SEIA es conocido como un instrumento de “tercer nivel”, es decir, opera otorgando permisos, en casos en los que todavía no existen políticas públicas (primer nivel) y normas (segunda nivel), lo que provoca que hoy sea este organismo el que define políticas sectoriales, o supla información de línea de base, al enfrentarse caso a caso. El asesor declaró además que la inversión se encuentra en un escenario de incertidumbre si quiere llevar a cabo un proyecto, porque en cualquier momento del proceso puede presentarse una objeción o nulidad.
La Comisión Asesora, detalló, ha elaborado una propuesta de mejoras a este sistema, que van desde la “racionalización de la lista de proyectos que deben ser sometidos al SEIA” – sacar algunos como incorporar otros que hoy no tienen la obligación de ser evaluados, como los aeródromos o los nuevos caminos públicos que no pasan por zonas protegidas-, simplificación de trámites y requerimientos de información; el involucramiento estratégico de la empresa en la elaboración del estudio de impacto ambiental, y la disminución de asimetrías en la participación ciudadana.