Aladino Araneda puntualiza que la idea original presentada por el gobierno es inconstitucional, pero también sugiere que es urgente abordar el problema de la violencia escolar.
Esta semana se discute en el Senado el proyecto que busca evitar los actos de violencia en los colegios del país presentado por el gobierno y titulado Aula Segura. En su primera etapa, los senadores han hecho modificaciones sustanciales a la idea, e incluso cambiaron su nombre por Ley de Convivencia Escolar.
Cambios que eran necesarios, ya que el proyecto original carece de fundamento constitucional, según comentó el académico de la Faculta de Educación, Aladino Araneda. “En Chile (caso único en el mundo), la educación es un deber de los padres. Sólo los padres están obligados de educar a sus hijos y el Estado colabora a que los padres cumplan con ese deber. En otras palabras, sólo los padres pueden, constitucionalmente, impedir que sus hijos estudien”, comentó Araneda.
Otra de las propuestas polémicas de la primera versión del proyecto era facultar a los directores a expulsar a los estudiantes reñidos con ciertos hechos ligados a la infracción a ley de armas y lesiones graves. Al respecto, Aladino Araneda comenta que “mientras los padres no desistan de su obligación, que no es delegable, los estudiantes no pueden ser expulsados, además, la educación es un derecho consagrado, por lo que cuando un estudiante es expulsado de un establecimiento educacional, el Estado tiene la obligación de ofrecer otro establecimiento educacional que lo reciba”.
¿Y qué sucede con los estudiantes que incurren en hechos violentos? Aladino Araneda comenta que formalmente, no es posible que sean procesados en la escuela, ya que para eso están los tribunales de justicia. “Son éstos organismos del Estado los que están preparados para indagar, identificar, responsabilizar y castigar a los autores de los actos de violencia”. El académico reflexiona al respecto que ningunos de los casos considerados por la ley de Aula Segura son problemas educativos, no tienen su origen en el aula y por lo tanto no se pueden ni deben abordar pedagógicamente.
Consciente de que el tema de la violencia dentro de los colegios públicos y privados es latente, el académico de la UCSC comenta que el poder Ejecutivo y el poder Legislativo deben discutir y mejorar las actuales leyes y los mecanismos que dispone policía y tribunales para que cumplan con efectividad su labor, y que ante menores infractores de ley “corresponde es que el Estado disponga de otras opciones educativas, donde se proporcionen oportunidades reales de mejorar conductas y comportamientos. Con castigar, expulsar y recluir, no se resuelve el problema, pues de esa forma el comportamiento se torna recalcitrante”.
Aladino Araneda hace hincapié en que también es necesario atacar el origen de la violencia en los jóvenes, comentado al respecto que “es difícil creer que la violencia de estos jóvenes sea de origen escolar, es decir, que sea efecto de prácticas docentes o del uso de métodos y materiales de enseñanza inadecuados”. Por el contrario, agrega el educador, la violencia tiene un origen político, ideológico y es consecuencia de procesos de adoctrinamiento que realizan grupos extremistas interesados en mantener activos los conflictos sociales.