El encuentro multidisciplinario disipó dudas fundamentales relacionadas con la discusión en el Parlamento.
Las cifras absolutas se refieren a una realidad incuestionable: según la OMS, la tasa de mortalidad materna en Chile –país que en 1989 suprimió al aborto terapéutico como posibilidad legal- es hoy la más baja de América Latina. Después de Canadá, nuestro país ocupa el segundo lugar en la materia, si se considera a todo el continente. En resumidas cuentas, en esto sí que estamos en mejor pie que, por ejemplo, Estados Unidos.
El antecedente fue sólo uno de los datos entregados esta mañana por el Doctor Cristián Vargas, Director del Instituto Superior de Bioética, con motivo de la Mesa redonda “Consideraciones médicas, jurídicas y bioéticas del aborto terapéutico”, realizada en el Auditorio Santa Teresa de Jesús de Ávila. A lo anterior se sumaron las visiones profesionales de otros tres bien documentados expositores, partiendo por el Vice Gran Canciller de la UCSC, Pbro. Luis Rifo, quien detalló que la discusión en el Parlamento en torno al tema de conflicto es intrínsecamente inmoral, al pretender validar la destrucción de la vida humana con conceptos tan contradictorios. “Un aborto no cura ni salva a nadie, que es la característica de la terapéutica”, aclaró el sacerdote.
Por su parte, Claudio Lermanda, Decano de la Facultad de Medicina, abordó la problemática del aborto terapéutico desde la perspectiva sanitaria, partiendo con la consideración que, desde que el ADN del padre y el de la madre confluyen en la concepción, existe una nueva vida humana. El cigoto, como se le denomina técnicamente, tiene entonces tantos derechos a sobrevivir como usted o como yo. “Desde el punto de vista científico, la Biología no tiene dudas respecto del momento en que se determina la vida humana, y nadie debiera sentirse con el derecho de despreciarla”, aseveró el profesional.
Quien cerró la discusión con los fundamentos jurídicos del caso fue Max Silva, académico de la Facultad de Derecho, quien expuso incluso las consecuencias penales derivadas del aborto, hoy en Chile, que pueden llegar incluso a los 20 años de pena efectiva y que se avalan además a partir de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, que busca proteger el derecho a la vida de las personas, incluyendo expresamente la vida del que está por nacer. “El aborto, terapéutico o no, es sencillamente prostituir los DDHH, con contradicciones evidentes”, precisó enfáticamente el abogado.
La actividad no sólo contó con una importante participación del público, sino que facilitó la aclaración de una serie de dudas suscitadas a partir de la discusión que debiera reanudarse hoy en el Parlamento, y que considera un total de cuatro proyectos de ley que hacen mención a la validación del aborto terapéutico.