La relación entre la universidad, Estado y mercado no es nueva, tiene su génesis en la misma formación de lo que se conoció como Estado Racional (propio de Occidente) y que según Max Weber tendría su origen y derivación en el Derecho Romano, que se enseñaba en la universidad. Por lo tanto, podría sostenerse incluso que el Estado debe a la universidad una seudo paternidad no muy reconocida.
El mercado opera cuando existe un “bien público” que se está transando y que es altamente demandado, pues bien, la educación superior se ha masificado exponencialmente en cobertura en las últimas dos décadas, pasó de ser un privilegio de las élites a una suerte de estado de democratización del alto conocimiento a toda la población. Desde esta perspectiva, el Estado chileno obra en sintonía a las lógicas del mercado, ya que sostiene que la educación superior debe ser un sistema igualmente accesible para toda la población que lo requiera, por lo mismo, la masificación del acceso genera desregulación en el sistema de licenciamiento de nuevas universidades a partir de la década de los 90 y a partir de ahí el debate sobre autonomía, lucro, bien de mercado, aseguramiento de la calidad, entre otros temas que subyacen al complejo sistema de la educación superior actual.
Las tensiones generadas por las demandas de los movimientos estudiantiles de 2011, la latente amenaza de nuevos conflictos este año, han apresurado la reacción del Gobierno, dando paso al Sistema Integrado de Financiamiento de los Estudiantes de Educación Superior, lo que es un avance ya que genera política de alto impacto social, como es eliminar a los Bancos del “negocio” y, al mismo tiempo, en cifras reales, se crean oportunidades de estudiar con “endeudamiento moderado” para los tres quintiles más pobres del país, deuda que se contraería con el Estado, lo que es un alivio si se compara la relación que han sostenido por años los estudiantes con el “despiadado sistema financiero”. Habrá que esperar las reacciones de los grupos políticos vinculados con la educación superior.
En general, es una medida política y técnica, que es un buen comienzo, pero sólo eso. Grandes interrogantes genera la creación de una Agencia Pública Administradora (la experiencia de las Agencias en Chile no es muy promisoria). El tema de la calidad, si bien se insinúa tangencialmente, no se profundiza con claridad, demás esta señalar que el Sistema de Aseguramiento a la Calidad que da paso al Sistema de Acreditación debe ser revisado en profundidad, ya que no ofrece las respuestas de calidad que el sistema en su conjunto demanda.
Carlos Verdugo Campos
Magíster en Educación
Académico
Universidad Católica de la Santísima Concepción