Igual como ha ocurrido con otras leyes de la república, a través de las cuales la ciudadanía esperaba que se corrigiera, enmendara o se terminara con las situaciones que han generado los profundos problemas de desigualdad que se registra en todos los ámbitos de la vida nacional (Informe PNUD 2017), la Reforma a la Educación Superior se topa con las mismas y cuestionables prácticas de la clase política, las que terminan por defraudar y trabar el progreso del país. No son los estudiantes o docentes de la educación terciaria, ni menos aún los padres de familia quienes no saben lo que quieren, o confundan los conceptos asociados a una educación de calidad, o que no estén dispuestos a participar, colaborar y resolver los problemas que impiden, que logremos el desarrollo integral y definitivo del país.
Bien sabemos que sin un sistema de educación de calidad, regulado y articulado en niveles y modalidades, con programas académicos pertinentes y contextualizados a la realidad de cada zona geográfica del país y vinculados al desarrollo sociocultural de las mismas, con instituciones que tengan como único objeto la educación y sin fines de lucro, será imposible que salgamos del subdesarrollo permanente en que estamos ya por siglos. La educación escolar nos ha costado demasiado, no sólo por el CAE, el crédito Corfo (aún no resuelto para muchas familias) o el copago, sino porque destinar un tercio o más del presupuesto familiar a la educación de los hijos, en desmedro de bienes culturales, el esparcimiento y la recreación es un costo demasiado alto en la “salud espiritual” de las familias y que ninguna otra institución se ocupa de compensar. Recordemos que en Chile, los únicos que están obligados a educar son los padres. Ninguna otra institución, ni pública ni privada tiene la obligación de realizar acciones educativas: ninguna otra se ocupa de obrar bien, más que los padres.
La reforma de la educación superior se ha tornado en un problema complejo y profundo, pues satisfacer los intereses (ideológicos y económicos) de todas las parte que se disputan el mercado de matriculas (oferta) es difícil de resolver, razón por la cual la ley terminará por beneficiar a quienes tienen más poder para negociar con los parlamentarios y no a la ciudadanía (el todo) que necesita elevar la calidad de su educación. Defender un Estado ayudista, que está sólo para pagar subsidios a los oferentes de los servicios sólo porque los padres no pueden asumir los costos de educación, de salud y seguridad de sus hijos es seguir alimentando las elites que se benefician con la jerarquización y segmentación social y económica que caracteriza a este país y que no ha sido posible remover ni corregir por la clase política.
Una vez más, lo único que se discute es el financiamiento de la educación, los costos, sistemas de asignación, plazos y sistema de acreditación, etc. y no el modelo de educación que el país necesita para alcanzar su desarrollo integral. La educación debe ser asumida como un bien público, como una obligación estatal, en donde todas las instituciones, estatales y aquellas reconocidas por el Estado, relacionadas directa o indirectamente con la educación formal e informal deben contribuir a la formación integral de la persona humana, base de una sociedad humanista.
