Hace unos días, la Conferencia episcopal de la Iglesia Católica dio a conocer un documento denominado: “Los obispos de Chile frente a la propuesta constitucional. Elementos para el discernimiento.” Y si bien los obispos son cuidadosos en la forma de abortar el texto, lo cierto es que plantean cuestionamientos a temas fundamentales que, a su juicio, no estarían bien resueltos.
Las críticas comienzan en el primer párrafo con la interrogante acerca de si esta propuesta será capaz de conseguir paz, solidaridad y justicia. Y acto seguido, los obispos responden que no, que no ha logrado el apoyo transversal requerido, y que, muy por el contrario, ha engendrado un clima de división y tensión social en Chile. La iglesia católica parece estimar que la convención constituyente fracasó en el objetivo de presentar una propuesta capaz de unir a los chilenos. Y por esta razón, los obispos proponen algunos elementos de juicio para que los chilenos creyentes y no creyentes, puedan discernir de mejor manera a la hora de votar. Y este análisis se fundamenta en la doctrina social de la iglesia, que tiene como valor central la dignidad de la persona humana.
Los obispos comienzan su planteamiento señalando que en la propuesta constitucional existen dos tipos de materias: Unas de baja densidad y otras de alta densidad ética. Las primeras son aquellas materias opinables sobre las que se pueden tomar distintos caminos y que no afectan valores ni principios fundamentales. Y aquí la iglesia destaca temas como la preocupación ambiental, los derechos sociales y el reconocimiento a los pueblos originarios. Con respecto a los derechos sociales, los reconoce como un avance, aunque todavía no están bien desarrollados. Y agrega que el estado social de derechos debe dialogar con el principio de subsidiaridad. El estado debe ayudar a conseguir el bien común, pero a la vez debe incentivar la acción de la iniciativa privada y social y no reemplazarla. En relación con los pueblos originarios y la plurinacionalidad, señala que es valioso reconocer a los pueblos originarios, pero que la formula constitucional no está bien lograda, porque le entrega autogobierno y autodeterminación a pueblos que puede terminan generando compartimentos estancos y al aislamiento empobrecedor.
En los temas de alta densidad ética, la Iglesia cuestiona la interrupción voluntaria del embarazo – elevada a nivel constitucional- y la eutanasia. Con respecto al aborto, esta norma establece que el Estado garantiza el ejercicio de este derecho, libre “de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones”, con lo cual no sólo excluye la participación del padre en esta decisión, sino también se desconoce el ejercicio de la objeción de conciencia personal e institucional. En este mismo punto, la conferencia episcopal chilena, cuestiona la eutanasia, por tener un carácter deshumanizante. Y aquí los obispos citan la encíclica Evangelium Vitaea del papa Juan Pablo II, quien señala textual: “En el caso pues de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto”.
Luego la Conferencia Episcopal se hace cargo de los temas de familia, educación de los hijos e ideología de género. Aquí se cuestiona el intento de equiparar a la familia con otras formas de organización o agrupación social. ¿Y por qué esto es importante? Básicamente, porque en la visión cristiana la familia no sólo tiene la obligación sino además el deber de educar a los hijos. Y la propuesta constitucional no reconoce este derecho preferente de los padres y sólo le asigna esta responsabilidad al Estado. Los padres sólo tendrían derecho a elegir un establecimiento educacional. Y cuando se trata de la educación en la afectividad y la sexualidad, ocurre lo mismo. Aquí nuevamente el Estado es quien asume la responsabilidad de educar sexualmente a los niños y no los padres. Y la conferencia episcopal concluye: “Preocupa también, en este campo, la fuerte presencia de la ideología de género en el texto, pues da la impresión de que busca imponerse como un pensamiento único en la cultura y el sistema educativo”.
Finalmente, los obispos chilenos muestran preocupación por la libertad religiosa. La propuesta constitucional reconoce el derecho a la libertad religiosa. Pero el ejercicio de este derecho debe hacerse “de conformidad con la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece”. El problema es que el proyecto, entre otros aspectos, sostiene el derecho al aborto, asume una educación sexual donde los padres participan de forma insuficiente, y promueve una teoría radical de género; todos aspectos incompatibles con la fe cristiana. Y esto pone en riesgo la libertad religiosa, a lo que se debe sumar que no se reconoce la objeción de conciencia, por lo que puede haber personas obligadas a actor contra su fe en este ámbito.
Para concluir, sólo cabe preguntar ¿cuál puede ser la verdadera influencia social de este análisis en la sociedad chilena? El dato concreto: en 1930, más del 90% de los chilenos se declaraba católico. En 1999, era el 70%; y en 2020 entre el 55% y el 60%. Pero más allá de los números, no es menos cierto que en los periodos de incertidumbre, crisis y oscuridad, la gente tiende a mirar hacia el cielo en busca de respuestas que oriente sus decisiones.
