Con más frecuencia vemos cómo se construyen nuevos proyectos inmobiliarios en Concepción. El más discutido en el último tiempo es el megaproyecto Ciudad del Parque. Este contempla, en menos de una cuadra, y en uno de los principales cordones céntricos de la ciudad, siete edificios y un sector de locales comerciales; cinco de ellos corresponden a viviendas con más de 900 departamentos y dos a oficinas.
Ante un proyecto de esta envergadura, surge la necesidad de evaluar su impacto ambiental, pero ¿Qué entendemos por el concepto? Entiéndase como una alteración significativa de carácter positiva o negativa de un parámetro ambiental como resultado de una actividad humana comparado con una situación en donde no hay proyecto. Por cierto, y a modo de ejemplo, esto incorporaría los impactos que ocurren durante el proceso de construcción de un edificio como también sus externalidades. En nuestra actual institucionalidad ambiental los impactos son analizados a través del Sistema de Evaluación Impacto Ambiental (SEIA). A pesar que el SEIA procura que los proyectos que se ejecuten sean ambientalmente sustentables y que el reglamento hable de “sustentabilidad”, que por definición incorpora variables sociales, la aprobación o el rechazo de un proyecto, es un procedimiento -administrativo – técnico, que no entrega una visión global del proyecto.
El proyecto Ciudad del Parque fue presentado ante el SEIA como una Declaración de Impacto Ambiental, instrumento que no obliga a la empresa a incorporar participación ciudadana, generando dudas en los vecinos del sector y en los aledaños, lo que podría desencadenar en un nuevo conflicto socio-ambiental de tipo urbano. Cabe señalar que el proyecto se desarrolla en un cuestionado reglamento del SEIA y en una actualización pendiente del plan regulador comunal para Concepción.
A nivel local, no son inéditos los conflictos socio-ambientales urbanos originados por proyectos de construcción. Recordemos el caso de los rellenos del Humedal Paicaví o la pérdida de áreas verdes en la Remodelación Eleuterio Ramírez, donde el patrón común que resalta, y que es una de las causas del origen, es la falta de un plan de participación como un proceso de involucramiento continuo de vecinos y vecinas en las decisiones que incorporan elementos ambientales.
La dinámica actual de las ciudades, que incluyen aspectos como el crecimiento poblacional por un lado y la congestión y polución por otro, como una de sus consecuencias -entre otras- son problemas que las nuevas formas de mirar el desarrollo urbano sostenible intentan resolver. En este sentido, la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, nos habla del objetivo número 11 que busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Esto empuja a una revisión constante de los instrumentos ambientales y de planificación territorial. Sin embargo, en el caso de Chile, parece ser que el crecimiento de las ciudades es más acelerado que la actualización de las leyes.
Todo esto indica que algo no cuadra, que vamos en la dirección errada del sentido común. Si queremos ciudades de mejor calidad de vida, necesitamos de procesos más dinámicos en la creación de políticas públicas, que estén acompañados de actores privados más conscientes, los que no solamente busquen incrementar las utilidades sino también el aumento de los beneficios sociales para toda la comunidad. El reorientar las formas en que se planifican, se diseñan y gestionan las ciudades es un importante paso para alcanzar ciudades sostenibles.
