El último estudio nacional sobre la discapacidad realizado en nuestro país por el Ministerio de Desarrollo Social, reveló que existen 1.523.949 personas adultas mayores de 18 años que presentan una discapacidad leve a moderada, y 1.082.965 que conviven con una condición de discapacidad severa. Lamentablemente, la situación que enfrentan estas personas se complejiza cuando se confirma que el 40% de ellas son dependientes de algún familiar o de otra persona que debe responsabilizarse de sus cuidados.
Cabe señalar que dentro de este contexto general de la discapacidad en nuestro país, las situaciones de discapacidad física o mental, además, se relacionan directamente con los procesos de envejecimiento de las personas y también con su nivel de ingresos. Si se revisa esto último con mayor detalle, nos encontramos con que más de la mitad de dichas personas no participan del mercado laboral formal y, por tanto, sus ingresos económicos son bastante bajos, acarreando lo que les impide asegurar un bienestar adecuado y mejorar sus condiciones de vida.
Si asociamos todas estas variables – discapacidad, procesos de envejecimiento, nivel de ingresos, estado de salud físico y mental, entro otras – nos podremos dar cuenta de lo complejo de la situación en que se encuentran todas estas personas y sus familias, pues sus dificultades van más allá de la discapacidad física o mental específica que les aqueja. Asimismo, si todos y todas tomamos conciencia y nos ubicamos en la perspectiva del tiempo con todo lo que ello implica, podemos proyectar que debido al paso de los años y la edad, inevitablemente tendremos alguna situación de salud que nos transformará, de una forma u otra, en una persona con discapacidad.
Con lo anterior, se quiere graficar que frente a una situación tan compleja como lo que significa la vivencia de una discapacidad leve, moderada o severa, se requieren políticas sociales también de carácter complejo que no consideren solamente medidas económicas subsidiarias como pensiones asistenciales, bonos o ayudas técnicas puntuales; sino que se anticipen y ayuden a preparar a los ciudadanos y ciudadanas para enfrentar esta situación de la mejor forma posible y, así, no se actúe de manera reactiva cuando los problemas ya se han presentado. En esta preparación debiera considerarse no sólo a las personas que, potencialmente, serán sujetos de atención, sino que también a sus grupos familiares u otros adultos cercanos que podrían apoyarles y acompañarles, pues los datos indican que estas tareas de cuidado las desarrollan, principalmente, personas del entorno inmediato más que instituciones privadas o públicas.
De la misma forma, como sociedad civil en su conjunto debiéramos tomar conciencia del rumbo que ha tomado la pirámide de edad en nuestro país y los consiguientes cambios que se han generado en las tendencias demográficas, para tener así un rol más activo en la proyección de nuestro futuro y en las condiciones en que estaremos para vivirlo, pues la experiencia nos está demostrando que, con seguridad, en las etapas futuras de nuestra vida tendremos que enfrentar algún tipo de discapacidad.
