El 15 de marzo del año 2020 el presidente Piñera anunció la suspensión de clases durante dos semanas, una de las tantas estrategias que determinó el Gobierno para mitigar el avance del COVID-19. Esta suspensión se mantuvo por casi dos años. Desde aquel 15 de marzo en adelante entramos en un proceso inusual, raro; que nos obligó a cambiar nuestras dinámicas que, como seres humanos, tanto nos gustan, alejarnos físicamente los unos de los otros. Lo anterior se sumó a miedos, incertidumbre, periodos de estrés, a una carrera por encontrar la vacuna exacta y, en nuestro ámbito laboral, a modificar la forma en cómo enseñamos. Pero, esto último, ¿fue así?
La adecuación implementada en las clases no se podría definir, técnicamente, como virtualidad, sino más bien, como un proceso de enseñanza remota de emergencia. Según Hodges et al. (2020), este proceso no intenta recrear un ecosistema fuerte de educación, sino que proveer rápidamente acceso a la enseñanza por medio de herramientas virtuales como teams o zoom. En el fondo, es la etapa en que producto de una situación no contemplada y extrema, los docentes deben hacer todo por medio de zoom (en nuestro caso) y luego preocuparse de los detalles.
Lo anterior, tiene efectos. Es impensado que no sea así y en agosto del año 2020 el Ministerio de Educación entregó una primera aproximación en el estudio “impacto del COVID-19 en los resultados de aprendizaje y escolaridad en Chile”. Analizaron dos posibles escenarios (60% de perdida de año escolar y 100% de perdida) que serían mitigados con estrategias de docencia remota de emergencia, considerando factores como la cobertura de la provisión de educación a distancia, el acceso de estudiantes a la formación a distancia, y la capacidad de aprender de forma autónoma.
Los resultados son alarmantes. El estudio estima que las estrategias de mitigación en establecimientos con 60% de perdida de año escolar tendrían una efectividad promedio de un 30%, y en el caso del 100% de perdida, sólo sería de un 12%. Si llevamos los datos a establecimientos municipales, los resultados se instalan mucho más abajo de los porcentajes señalados (los invito a revisar el informe).
En torno a lo expresado, creo que es importante nunca perder de vista la siguiente información: los estudiantes novatos de nuestra Universidad provienen, en promedio, de colegios municipales (45%) y particulares subvencionados (52%); sólo el 3% proviene de colegios particulares. Entonces, en base a la realidad de nuestra Institución y las predicciones presentadas, las preguntas que nos podemos hacer son las siguientes:
¿Cómo acompañamos a las próximas generaciones que, en su historia académica de enseñanza media, tendrán una brecha importante en comparación con las generaciones antes del COVID-19? ¿Qué estrategias debemos aplicar para asegurarnos que estas deficiencias no se conviertan en problemas que repercutan en la experiencia de los estudiantes? Y, finalmente ¿Aparte de los problemas en la adquisición de conocimiento, qué otros efectos negativos produjo la pandemia en nuestros futuros estudiantes?
