La invaluable contribución que las instituciones integrantes de la Red de Universidades Públicas no Estatales G9 han hecho al control y manejo de la pandemia provocada por el Covid-19, es el mejor ejemplo del rol clave que una educación superior inclusiva, diversa, con compromiso público y fuerte presencia regional cumple en nuestro país. Experiencias significativas en materias como el diagnóstico, detección temprana y protección personal para hacer frente al coronavirus, son una clara expresión del aporte de estas casas de estudios, que generan casi el 50% del nuevo conocimiento del país y el año 2019 concentraron más de la mitad de las solicitudes de patentes de las universidades nacionales.
Por ello, creemos que es muy importante que en el proceso de redacción de una nueva Constitución para Chile se resguarde la legítima aspiración de que la educación superior -reconocida como un derecho social- garantice también la esencial autonomía institucional y libertad de enseñanza que ha caracterizado a nuestra nación.
Con el fin de abogar por ese objetivo, esta semana las nueve universidades que conforman la red G9 -y que se ubican entre Antofagasta y Valdivia- presentaron ante la Convención Constitucional una Iniciativa Popular de Norma que se denomina “Educación Superior Inclusiva y Diversa, con Compromiso Público Regional y Producción de Conocimiento de Excelencia”.
Esta propuesta aspira a que una futura Carta Magna garantice la autonomía universitaria, que permita que nuestras instituciones sigan formando personas de bien y generando investigación y conocimiento de calidad, independiente, libre de riesgos o amenazas, y donde prima el interés general.
La iniciativa plantea la necesidad de que la Constitución ampare la función pública de las universidades reconocidas por el Estado, las que deben tener como inspiración primordial la contribución al bien común, asegurando también la necesaria autonomía académica, administrativa y económica, a fin de que puedan cumplir plenamente su proyecto educacional.
Para ello, es muy relevante que la ley establezca un régimen regulatorio que resguarde el estándar público de las universidades, pero que también asegure un adecuado y simétrico financiamiento por parte del Estado tanto a las universidades públicas estatales como no estatales, para que así sigan desarrollando su misión de acuerdo a los requerimientos y necesidades educacionales, científicas y culturales del país.
Para que la iniciativa número 59.750 sea discutida en el seno de la Convención se requiere el apoyo de 15 mil personas, de cuatro regiones distintas, que adhieran con fecha límite el 1 de febrero. El trámite para concretar el respaldo a una educación inclusiva, diversa, con compromiso público y fuerte presencia regional -especialmente en nuestras regiones de Biobío y Ñuble- puede realizarse en el portal https://iniciativas.chileconvencion.cl/
La invitación es a adherir a esta norma, para que a través de los proyectos educacionales de las universidades integrantes del G9 podamos seguir contribuyendo intensamente al desarrollo local y, lo más importante, al bienestar de nuestras comunidades.
