El Arzobispo de Concepción, monseñor Fernando Chomali Garib declaró recientemente, respecto de la toma de la catedral de Concepción por parte de simpatizantes de la causa mapuche en solidaridad con los comuneros en huelga de hambre, que existe un triple problema a resolver, que está por sobre el desalojo de la catedral. A saber, el problema judicial en curso, el político que le compete al gobierno y el lado humano que atender. El Arzobispo y nuestra Iglesia están preocupados del problema humano que afecta a las personas que están siendo encausadas judicialmente y nos obliga a situarnos en una perspectiva moral para resolver el problema de fondo y que genera estos conflictos. Por cierto, no es posible quedar indiferentes frente al padecimiento y atraso del pueblo mapuche, que se ha de enfrentar con generosidad, tal como la Iglesia lo ha hecho al servir de mediadora e instalar el diálogo. Se trata de la vida de personas humanas, que pertenecen a un pueblo con el que el Estado tiene una deuda histórica, no saldada y donde se ha equivocado el camino. La región de la Araucanía es desde hace décadas, una de las más pobres del país y que concentra la mayor pobreza multidimensional (Casen 2015), lo que significa, entre otras precariedades, bajo acceso a condiciones adecuadas de vida, baja calidad de educación, salud, trabajo, previsión social y vivienda, entornos pobres, baja cohesión social y nulas redes. Pobreza que define la calidad de vida en que se encuentran sobre la cual no se actuado eficazmente.
El problema mapuche es “humano” y una de las acciones razonables de política estatal es la creación de un sistema educativo de calidad, que atienda a la diversidad, que incluya las minorías étnicas y genere oportunidades para los jóvenes (Metas educativas 2020).
El Estado de Chile ha enfrentado el desarrollo e integración del pueblo mapuche de forma errática, tardía y distante, generando impactos negativos en el desarrollo de sus comunidades. El diseño de políticas públicas en educación no ha permitido superar la situación de pobreza, pues los planes y programas de estudios, a través de los cuales se busca la integración poblacional, carecen de ejes curriculares que resguarden la integridad cultural del pueblo mapuche y contribuyan a la protección del medio ambiente, ante el deterioro generado por las forestales (regiones VIII, IX y XI). El currículo escolar no pone en resguardo ni la dimensión comunitaria (relación escuela-comunidad) ni la dimensión ecológica (relación contenido-sistema) de la población en que se inserta la institución y no contribuye a su desarrollo humano integral.
Además, resta pertinencia comunitaria y ecológica al currículo escolar el uso intensivo y extensivo de un sistema de medición de la calidad de la educación (Simce) que ha introducido un efecto perverso al someter a las escuelas a una estandarización de aprendizajes que no representan la diversidad cultural y geográfica del país. Tal como ha sido diseñado el currículo escolar y el sistema educacional en su totalidad, no se generan condiciones para una contribución a la pertinencia educativa de las regiones ni al desarrollo humano de la población. Mientras no se atienda el lado “humano” de las comunidades mapuches y sólo se intenten acciones jurídicas y policiales de sometimiento, se mantendrá viva la “causa” del problema.
