Con ocasión de la polémica suscitada por una orden de libertad otorgada por una Juez de Garantía de Santiago respecto de un imputado confeso de un homicidio de un hincha, se generaron una serie de reacciones que han colmado las noticias del ámbito jurídico durante las últimas semanas. Desde defensas irrestrictas a la decisión de la magistrado hasta quienes señalan que algunos jueces actúan de forma hipergarantista porque “tienen una agenda casi abolicionista porque no creen en el instrumento penal”, vemos que el tema no ha dejado indiferente a nadie. Quizás esto último ha sido lo que ha llevado al gobierno a plantear “una reforma a la reforma”.
Pues bien, con independencia del juicio de valor que podamos efectuar respecto de la actuación concreta de la magistrado en cuestión, conviene efectuar la reflexión de si las respuestas de nuestro Poder Judicial están acordes con los requerimientos del sistema y con las exigencias que un mundo cada vez más especializado exige.
Con mayor fuerza durante el último tiempo se ha planteado que el sistema debe mejorarse, partiendo incluso desde el proceso de formación y selección de jueces. El mismo Director de la Academia Judicial ha afirmado que no es conveniente que impartan justicia abogados de 28 ó 29 años, pues a dicha edad no tienen una experiencia profesional y de vida que les permita adoptar decisiones prudentes y con pleno conocimiento de causa. Pero ello exigiría una reforma importante, a fin de que la Academia Judicial sólo reciba abogados con una constatable trayectoria en el mundo del Derecho que le otorgue aquello que extraña el Director de dicha entidad.
Por otro lado, es incuestionable que la justicia se ha especializado y las exigencias para los operadores del sistema son mayores. La debida fundamentación de las sentencias y la necesidad de justicia obligan a nuestros jueces a estar mucho más preparados que antes, pues también se enfrentan en las respectivas audiencias a abogados especialistas, como lo son los fiscales, defensores penales y laborales, entre otros. Ello se pondrá aun más en evidencia cuando entre a operar la reforma procesal civil, donde la dinámica de la discusión jurídica será mucho más amplia que la que se plantea en los actuales sistemas ya reformados.
Creo que en esta materia tenemos mucho por avanzar, pues si bien existen muchos jueces preparados y dedicados a dictar sentencias que cumplan los estándares requeridos, todavía apreciamos decisiones judiciales que carecen de una fundamentación adecuada o, simplemente, ella es insuficiente o contradictoria. Lo positivo del diagnóstico es que para lograr salvar este obstáculo sólo se requiere de buena voluntad y dedicación profesional, sin necesidad de “reformar la reforma”.
Carlos Céspedes Muñoz
Abogado y académico Facultad de Derecho
Universidad Católica de la Santísima Concepción