El 30 de julio es el día mundial contra la trata de personas, aprobado por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2013, donde se reconoce la necesidad de crear mayor conciencia de la situación de las víctimas y de promover y proteger sus derechos. Millones de personas sufren esta forma de esclavitud al ser forzados, atraídos, seducidos, retenidos o engañados por los tratantes que se benefician de la exclusión, pobreza e indefensión de quienes han sido sistemáticamente vulnerados en sus derechos fundamentales y dignidad, con el fin de explotarlos laboral o sexualmente, ocuparles en servidumbre, enlistarlos en combates armados o extraer sus órganos para traficarlos ilegalmente.
Este fenómeno es complejo y multidimensional, un delito grave, muchas veces asociado a otros ilícitos entramados de redes delictuales y de corrupción, pero es también una vulneración de derechos extrema, cuyas secuelas son comparables a las de la tortura (CEDOC, 2010). Las víctimas de trata de personas son privadas de libertad a través del miedo, intimidación, dependencia, abuso y violencia. Mientras cada una de ellas puede tener una experiencia diferente, comparte características comunes que pueden significar una vida de servidumbre obligada. Entre las causas estructurales que lo originan se encuentra el abuso de poder normalizado en nuestra sociedad, la precariedad del Estado de Derecho, ciertas prácticas culturales como el padrinazgo, la violencia de género, la desigualdad social y pobreza, así como la presencia global de sistemas capitalistas de producción y actividades extractivistas multinacionales coexistentes con una débil presencia del Estado y el aumento de la corrupción institucional.
Los grandes flujos migratorios y transformaciones de los patrones migratorios en Latinoamérica y El Caribe nos permiten analizar los efectos del actual régimen migratorio global y sus políticas restrictivas, selectivas y discriminatorias y su impacto en el crecimiento de la migración irregular, insegura y violenta. En efecto, el fenómeno subsiste pese a los marcos normativos e institucionales y gracias a las políticas que paradójicamente generan condiciones óptimas para la trata de personas.
En nuestro país, con la entrada en vigencia de la Ley 20.507 , desde 2011 y hasta 2018 se han formalizado 37 causas, con un total de 228 víctimas, de ellas 122 víctimas hombres, todos por trata laboral, que representan el 54% del total y 106 mujeres, en su mayoría explotadas sexualmente, representando el 46%. De este total, 16 víctimas corresponden a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, estos datos no representan la real magnitud de esta problemática social y delictual, que no es siempre denunciada y que es difícil de detectar en sus diferentes modalidades y manifestaciones. Lo anterior, es un reflejo de las profundas dificultades que afronta el sistema judicial, en cuanto la prevención y procuración de justicia, y en la generación de condiciones para la protección y la asistencia a las víctimas. Requerimos de políticas integrales y financiadas, suficientemente diversas, territorialmente pertinentes y singulares de acuerdo a las características de las personas, sus contextos y trayectorias vitales.
