Desde el retorno a la democracia, Chile ha experimentado una serie de cambios en sus estructuras políticas, jurídicas y culturales, con efectos en la administración del Estado, en sus instituciones y con profundos cambios en las funciones y responsabilidades que le compete a sus agentes debiéndose, en consecuencia, ajustar la gestión estatal a una forma nueva de concebir deberes y derechos morales, sociales y cívicos para las personas naturales y jurídicas.
En este contexto, la función que cumple la Escuela y sus docentes ya no es la misma que tenía cuando fueron creadas (mediados s. XVIII) y se concibió la necesidad de contar con personas especialmente preparadas para cumplir la función educativa que hasta entonces correspondía a las familias, esencialmente los padres. Hasta antes que se crearan las escuelas públicas, la educación era un privilegio que gozaban muy pocas personas. Hoy la educación es concebida como derecho humano universal -inalienable- y que entre otros objetivos, busca “el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos…” (ONU 1948).
En un Estado orientado al bienestar de sus ciudadanos, la educación es un bien público y ha de asumir como natural la obligación de asegurar que todos accedan a ella, sin exclusiones ni rivalidades. Sin embargo, para que sea posible, es menester sacar la educación del mercado y situarla como condición previa y “sin la cual” no es posible una sociedad desarrollada integralmente, inclusiva y equitativa en la distribución de su riqueza. En Chile, la alta segmentación socio-cultural y la desigual distribución del ingreso y la inexistencia de bienes públicos obligan moralmente a que los gobiernos conciban (y generen los mecanismos para establecer) un Nuevo Trato entre Estado y Ciudadanos. Y dentro de los primeros convenios está la función educativa, que no se reduce únicamente a profesores y educadores profesionales sino a toda persona natural y jurídica, pues las obligaciones educativas y exigencias de desempeño de excelencia no se reducen únicamente a quienes están dentro del aula sino a todos quienes tienen algún grado de autoridad moral, social y cívica.
Sólo cuando los gobiernos, políticos y empresarios asuman que educar es una función del Estado y que es esencial crear un sistema educacional gratuito, de calidad y equitativo, será posible la dignificación de la función educativa y estarán dadas las condiciones para aumentar las exigencias a los docentes de aula. Pretender mejorar la calidad de la educación responsabilizando exclusivamente a los docentes de aula es eludir un deber irrenunciable del Estado, pues todos educamos y debemos contribuir en la tarea educativa.
