Nuevamente aparecen en la prensa noticias de que grandes empresas -en este caso, productoras avícolas (Ariztía, Agrosuper y Don Pollo), además de la asociación de productores- están actuando en forma no competitiva.
Específicamente, la acusación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) es por colusión en reducir la producción y repartirse cuotas de mercado. Este sector está altamente concentrado y las empresas aludidas participan con alrededor del 92 por ciento del mercado local para un producto sensible y altamente demandado por la población chilena, como es el pollo. Por lo tanto, el que existan acuerdos para “mejorar el desarrollo de largo plazo del sector” resulta, a lo menos, sospechoso y digno de investigar. Hay que aplaudir la labor de la Fiscalía, porque ello muestra que efectivamente se está fiscalizando.
Sin perjuicio de lo anterior, hay que ser cuidadosos antes de emitir un juicio, ya que las empresas deben realizar sus descargos. Recordemos que éste es un sector transable internacionalmente, pero en un formato de producto congelado, con baja sustitución con el producto fresco. Por otro lado, la variabilidad en el consumo y la producción obligan a planificar adecuadamente la producción. Pero esto es muy distinto de fijar cantidades máximas y repartir cuotas. Si se llegara a comprobar esta acusación, sería un hecho muy grave, que debiera ser castigado en forma ejemplar.
En Chile existen muchos sectores con alta concentración de mercado y debemos estar atentos y vigilantes a que hechos de esta naturaleza no ocurran. Por ello hay que felicitar a la FNE, pues ello prueba de que la institucionalidad está funcionando y una apropiada regulación genera beneficios. Es muy difícil probar la existencia de acuerdos y la principal dificultad que tendrá el tribunal será comprobar que éstos han reducido el bienestar del consumidor.
Andrés Ulloa Oliva
Académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Universidad Católica de la Santísima Concepción
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