El Proyecto “Metas Educativas 2021” de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) se origina en El Salvador con ocasión de la reunión de Ministros de Educación Iberoamericanos. Se presenta en la antesala de la celebración de los Bicentenarios de las independencias de la mayoría de los países iberoamericanos, lo que se aprovecha para gestar una motivación histórica en la región y reimpulsar una educación de calidad para todos (EPT). El documento final fue aprobado en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en diciembre de 2010 en Mar Del Plata, Argentina. Para cumplir adecuadamente esta misión, la Cumbre Iberoamericana de 2010 creó el Instituto de Evaluación y Seguimiento de las Metas Educativas (IESME), cuyo funcionamiento está asegurado por la OEI.
Los objetivos propuestos eran mejorar la calidad y equidad en la educación para hacer frente a la pobreza y desigualdad imperantes en los países firmantes y, de esta forma, favorecer la inclusión social. La OEI abordaba decisivamente, y de una vez para siempre, problemas no resueltos en esta parte del mundo como analfabetismo, abandono escolar temprano, trabajo infantil, bajo rendimiento de los alumnos y escasa calidad de la oferta educativa pública. Quería hacer frente a las demandas de la sociedad de la información y del conocimiento, incorporando las TICs en la enseñanza y el aprendizaje; apostaba por la innovación y creatividad, y motivaba un fuerte desarrollo de la investigación y el proceso científico.
El proyecto debía apuntar a las transformaciones sociales necesarias que hicieran posible el éxito del esfuerzo educativo en la región. Además, buscaba que las naciones compartieran programas de acción que permitieran una educación más justa al interior de cada país, con mayor equidad social y nivel cultural de la población, orientada especialmente hacia colectivos olvidados como los grupos originarios, afrodescendientes, mujeres y a quienes que viven en zonas rurales. Llevadas a Chile, esas metas educativas, trascurridos casi tres años de la celebración del Bicentenario de la independencia de país (2010), aparecen como una mera utopía. En tres gobiernos sucesivos no sólo no ha existido discusión ciudadana acerca de políticas públicas, programas y proyectos a desarrollar para alcanzar las metas, muy por el contrario, la postergación de quienes debían ser incluidos y considerados (por imperativo moral), sigue esperando que los políticos y empresarios se dignen priorizar el bien común, que promuevan bienes públicos esenciales para la inclusión social y muchos de ellos abandonen a tiempo la carrera por ganar dinero y concentrar poder en que están enfrascados.
