Después de mucho tiempo, décadas tal vez, marzo se aparece como el mes más incierto que enfrentamos al inicio de un nuevo año escolar. Fenoménicamente, parece que todo debiera ser igual al anterior, con la salvedad de aumentar el control del orden, mejorar procedimientos y tipificar delitos. Subjetivamente parece que la “materia” escolar es la misma de años anteriores, la misma sobre la cual se planifica el año académico, se fijan metas y objetivos que perfilan el diseño y la ejecución de programas y proyectos de mejora en eficiencia. Sin embargo, la realidad “escolar” ya no es la misma de años anteriores, ni siquiera es posible objetivarla siguiendo parámetros conceptuales o normativos propios de la medición positivistas e ideológicas. De sujetos pasivos, receptores de un currículo envasado y obsoleto y objetos de moldeamiento cultural, estudiantes y docentes emergen como actores de transformación social merecedores no sólo de un nuevo trato, sino de responsabilidades políticas nuevas, en una democracia que deja de ser representativa.
El s. XXI exige concepciones y voluntades diferentes para afrontar un subsistema social educacional que está haciendo crisis en su concepción y estructuración. La sociedad, humanamente considerada, ha cambiado y con ello, en necesario revisar el lenguaje de referencia pues expresiones como alumno, discente, escolar, pupilo, entre otros, no responden a la función que cumplen hoy en la sociedad. La escuela como espacio público ya no sirve para disciplinar, adoctrinar, ideologizar ni menos aún para preparar los trabajadores.
El principio de incertidumbre de Heisenberg (1901-1976), aplicado a la realidad física sostiene que “es imposible medir simultáneamente, y con una precisión absoluta, el valor de la posición y la cantidad de movimiento de una partícula determinada”. Si creemos que educandos y educadores, materias de estudios, escuelas e insumos materiales son una realidad sociopolítica homogénea, determinada a priori, entonces, ningún instrumento de medida usado hasta ahora por la superestructura política permitirá visualizar siquiera “cómo se nos viene” el año escolar 2020. De hecho, lo ocurrido con la PSU/19 ha sido una clara demostración del error conceptual de los tecnócratas de la educación que presumen “tener todo controlado” y, sin embargo, no aciertan en la comprensión de la dinámica social del movimiento estudiantil y del profesorado chileno, pues no interpretan adecuadamente esa realidad humana desde “dentro”, lo que es peor aún, carecen de instrumento que permitan comprender la dinámica con la que se mueve y sólo se atienen controlar efectos indeseados o delictuales.
Los cambios introducidos en el sistema educacional chileno, bajo el argumento político de “reforma”, no han hecho sino agudizar la estructuración de significados, valores y normas implantados por el neoliberalismo y que ha descentrado el concepto de calidad de la educación desde lo humano para situarla en mercancía sujeta a intereses de grupos de poder que ven en ella no sólo un lucrativo negocio, sino una forma de manipulación cultural. La incertidumbre derivada de esta apreciación errada de la élite no corresponde sólo al error del instrumento de medición, sino al propio hecho de pretender tomar dichas medidas sin comprender la realidad y sin importarles que lo substancial del proceso educativo son las personas humanas, su desarrollo y bienestar.
