La Ley de Inclusión atiende a prohibir el lucro, elimina el financiamiento compartido y regula los procesos de admisión de las y los estudiantes en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. Cuando la ley se encuentre en plena vigencia, se eliminarán las barreras económicas y de acceso efectivo que actualmente existen para algunos establecimientos que reciben subvención del estado.
La implementación de la Ley de Inclusión escolar significa un enorme esfuerzo en términos de los recursos que el Estado debe invertir para lograr equiparar los aportes que las familias estaban destinando para mantener el otrora sistema de financiamiento compartido. En este sentido, es pertinente preguntarse ¿Cómo la Ley de Inclusión Escolar busca alcanzar la anhelada mejora en la calidad de la enseñanza?, especialmente si el foco se encuentra en corregir aspectos mas bien económicos del funcionamiento del sistema educacional representados por el copago y el lucro. Es de esperar que una vez que la ley entre en plena vigencia, el foco deje de estar en la corrección de las inequidades del sistema y se logre avanzar hacia el objetivo central de la ley, a saber, una verdadera inclusión social.
La respuesta a la pregunta enunciada con respecto a la mejora de la calidad de la enseñanza no es simple. Es necesario considerar que la Ley de Inclusión es parte de una serie de reformas impulsadas por la actual administración que incluyen una nueva carrera profesional docente, fortalecimiento de la educación pública y la consolidación de reformas anteriores donde se destaca la creación de una Superintendencia y Agencia de Calidad de la Educación. Por otro lado, se espera tener establecimientos educacionales y salas de clases que realmente representen la diversidad en términos socioculturales, étnicos y necesidades educativas particulares de cada estudiante. Así, la Ley de Inclusión debe ser entendida como una transformación al sistema educativo, donde es necesario avanzar hacia la preparación de material curricular, capacidad organizacional y un cuerpo docente capacitado para desempeñarse efectivamente en contextos de amplia diversidad.
El desafío es mayor, considerando el aumento en inmigración, el fomento a los programas de integración escolar y el acceso efectivo a los establecimientos educacionales. Es de esperar que esta oportunidad sea aprovechada por todos los actores vinculados al desarrollo de la educación y que a partir de la promoción de comunidades educativas más diversas, se logre contribuir hacia una educación más integra y de calidad.