“Si los empresarios piensan que con la Teletón se ha resuelto el tema, estamos en problemas”, fue el enérgico llamado del Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter al sector empresarial chileno.
El gobierno está evaluando diversas fuentes de financiamiento para reunir los 30 mil millones de dólares que estima cuesta la reconstrucción del país; la prioridad impositiva se ha concentrado en aquellos sectores industriales privilegiados por las condiciones del mercado internacional: minería y celulosa, entre otros.
El año 2005 se promulgó la ley 20026 que modifica el impuesto a la renta, agregando un impuesto específico a la renta operacional de la actividad de la mediana y gran minería. Según estimaciones realizadas por el Consejo Minero, desde la promulgación de la ley a la fecha, la industria minera ha transferido al gobierno más de 3 mil millones de dólares por concepto del impuesto específico. A pesar de las reticencias iniciales del sector empresarial respecto al efecto que dicha medida tendría sobre las inversiones mineras, los altos precios registrados por el metal han seguido impulsando la inversión en el sector.
Distinto es el caso de la industria de la celulosa que, al igual que el sector minero, ha generado altos niveles de utilidad a partir de la explotación de recursos naturales sin que existan gravámenes específicos. En efecto, a pesar de la creciente utilidad que reporta cada tonelada de celulosa producida y comercializada, la ley no establece un impuesto específico a dicha actividad. Con justa razón el sector minero alega discriminación respecto de otros sectores de la economía chilena.
Dada la actual evolución de precios de los metales y la celulosa, resulta inverosímil pensar que un impuesto específico a la renta operacional de la industria pueda afectar significativamente las inversiones en el sector. La idea del gobierno de modificar y/o gravar a nuevos sectores económicos con impuestos específicos durante los próximos cuatro años, no solo es conveniente, sino que asigna en su justa medida el esfuerzo que todos y cada uno debe entregar a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, condicional a la capacidad de generación de riqueza y usufructo de las riquezas naturales del país.
Renato A. Segura
Economista Facea UCSC