Vigente desde 1994, el actual sistema de crédito solidario ha permitido que más de medio millón de jóvenes pertenecientes al 70% de las familias de menores recursos puedan financiar en diferentes porcentajes sus estudios universitarios. A una tasa anual del 2%, estos créditos se pagan con el 5% de los ingresos, salvo si el beneficiario percibe menos de 200 mil pesos mensuales o simplemente no registra ingresos, casos donde queda exento de cualquier pago. Si durante 12 años consecutivos no registró morosidad, el sistema lo premia condonándole el saldo de la deuda, equivalente a un 30% aproximadamente.
Siendo un buen sistema, en cuanto a las condiciones en las que se otorgan los créditos, el problema radica en los mecanismos empleados para recuperarlos. Erróneamente se piensa que castigando al moroso con tasas de hasta nueve veces la normal se generaría un “incentivo” por pagar el crédito, aspecto que en la práctica no ocurre; la razón es simple: la deuda crece a una tasa de interés penal del 18% real anual, lo que sumado a la falta de solidaridad y a la inexistencia de un “ castigo real”, lleva a dejar impaga la deuda.
Así las cosas, el sistema se convierte en un saco roto donde año a año se inyectan millones para el financiamiento de los créditos solidarios que nunca son recuperados. Para corregir este problema, se creó el Crédito con Aval del Estado, pensando que los bancos sí recuperarían el crédito, pero lamentablemente lo hacen cobrándoles a los avales (Universidades y al Estado) y no a los beneficiarios, quedando las universidades cada vez con menos recursos para cumplir su misión.
Dado lo anterior, se hace indispensable diseñar y aplicar nuevas medidas que motiven a los beneficiarios a estar al día con su deuda. La primera de ellas sería contar con un solo sistema de crédito universitario, de manera que todos los estudiantes tengan los mismos beneficios de tasa de interés (2%), pago en función de los ingresos futuros (5%) y premio por cumplir su compromiso durante doce años seguidos, condonándole el saldo de la deuda.
La segunda medida sería eliminar la normativa aplicable hoy a los créditos morosos, incorporando “castigos reales” que motiven el deber de cumplir sus compromisos. Por ejemplo, cada vez que una persona renueve su licencia de conducir, presente el certificado de deuda universitaria al día, asegurándose, así, que al menos cada seis años los deudores morosos se pondrán al día en sus obligaciones. Similar mecanismo puede emplearse con aquellas personas que sean contratadas por algún organismo del Estado o universidad que utilice estos créditos.
Con estas medidas los fondos de créditos recuperarían suficientes recursos para financiar a los estudiantes de ingresos medios del país, ampliando su cobertura hasta el 90 % de los estudiantes de las familias chilenas.
Jorge Galleguillos Pizarro
Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos
Universidad Católica de la Santísima Concepción
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