La industria estadounidense del petróleo y gas natural tiene dificultades para encontrar trabajadores calificados como geólogos o ingenieros, para explotar cuantiosas reservas contenidas en las rocas esquisto. El año 2009 USA lanzó la campaña Educate to Innovate, para mejorar la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, con millonarios fondos, también enfrentan escasez de trabajadores en la industria del petróleo, gas y química. Canadá, a partir de enero de 2013 abrió sus puertas a 3000 trabajadores calificados no universitarios, como electricistas y soldadores, para el sector de la construcción, cifra que anunció aumentará en los próximos años.
Chile también padece escasez de mano de obra calificada y baja titulación en ciencias. El sector metalúrgico requiere personal calificado, como soldadores; las empresas del retail para labores de administración; el agro proyecta un escenario de carencia de trabajadores temporeros de 42%; la construcción también tiene dificultades al respecto, incluso en ésta área mujeres ocupan espacios reservados tradicionalmente a hombres. Este fenómeno de carencia de personal calificado resalta por el gran éxodo de todo tipo de trabajadores a la minería del norte chileno, que requiere personal para mantención de minas y equipos, ingenieros, geólogos, etc. Esta alta movilidad laboral lo refleja el reciente informe del Workmonitor de la consultora Randstad, con 21% de trabajadores buscando activamente un nuevo empleo y 65% dispuesto a trabajar en otros países, en esto solo superados por India, México y China (a nivel mundial ocupamos el 2° lugar, luego de Hungría, con la más baja o nula disposición al cambio en las condiciones salariales).
La escasez referida motiva a las empresas contratar trabajadores inmigrantes, especialmente peruanos, bolivianos, colombianos e incluso españoles, pero el Código del Trabajo limita a un 15% los trabajadores extranjeros, salvo que la empresa tenga en total 25 trabajadores o menos, o se trate de personal técnico especialista, o tenga cónyuge o hijos chilenos o sea viudo o viuda de cónyuge chileno, y también cuando residan por más de 5 años en Chile; es decir, en estos casos se autoriza a la empresa a superar el tope de 15%. Precisamente, como medida paliativa el Ejecutivo pretende incorporar como nueva excepción a los extranjeros que posean visas temporales.
Por otra parte, se pretende modificar la Ley de Extranjería, flexibilizándola, ello en el contexto de la libre circulación de personas dentro de la Alianza del Pacifico (Chile, Colombia, Perú y México). Esto parece de más largo aliento debido a lo multidimensional de la situación de los inmigrantes, especialmente los derechos laborales y sociales del trabajador y sus hijos.
Sin embargo, es imposible no preguntarse si el Estado a través de su ente creado para capacitar al trabajador, SENCE, está cumpliendo su labor social. O sea, si entrega una capacitación de calidad, particularmente a los nacionales más afectados por la desigualdad social, nuestros compatriotas jóvenes desempleados y/o con bajas calificaciones por estar desescolarizados o sin formación calificada para el actual mundo del trabajo (la empleabilidad de jóvenes y mujeres en Chile no supera el 50%). La respuesta es negativa, como lo devela un informe del año 2011 emanado de una Comisión de expertos convocada por el Ministerio del Trabajo dirigida por el economista Osvaldo Larrañiaga, porque la capacitación no llega al trabajador de la pequeña empresa, los cursos no son consistentes y su duración es insuficiente, además, la franquicia tributaria no logra financiar capacitación que impacte en un aumento salarial. En otras palabras, como país perdemos la oportunidad de dar espacio en nuestra sociedad a los jóvenes de quintiles más pobres, aquellos que no van a la Universidad ni Centro de Formación Técnica, para integrarlos y acortar la brecha en la desigualdad social. Esta es una tarea ineludible e imperiosa de cualquier sector político que nos gobierne y debemos exigir su cumplimiento y buen uso de nuestros impuestos.
Fernando Monsalve Basaúl
Docente Facultad de Derecho
Universidad Católica de la Santísima Concepción