Al leer el nuevo proyecto de Ley de Pesca se aprecia un claro interés del Gobierno por la sustentabilidad de nuestras pesquerías. En concreto se plantea un cambio de visión del manejo pesquero, con un enfoque precautorio y ecosistémico: se introduce la necesidad de manejar y llevar a las pesquerías a su nivel de Máximo Rendimiento Sostenido, y se reforma la modalidad y atribuciones en la toma de decisiones, centrándolas en el Ministro de Economía. Este escenario ubica al Consejo Nacional de Pesca y los Consejos Zonales sólo como entidades de consulta.
Era evidente y necesario ese cambio fundamental en la administración pesquera. La eliminación de la atribución, legal o implícita, del Consejo Nacional de definir las cuotas de captura -por lo general mayores a las propuestas técnicas de la Subsecretaría de Pesca- es un paso hacia la disminución del deterioro al potencial reproductivo de las especies. En mi opinión, este Consejo era presionado y/o defendía intereses económicos, sociales, políticos y gremiales de sus propios consejeros, pero no necesariamente perseguía la sustentabilidad. Una premisa básica para el manejo sustentable de los recursos naturales es respetar y considerar siempre su capacidad de asimilación y recuperación, reordenando y restringiendo la intervención antrópica a estos límites.
La nueva propuesta de Ley entrega al Ministro de Economía autoridad para definir la cuota global de captura, a partir de la propuesta de un Panel de Expertos, la nueva figura asesora y co-gestionadora de la administración pesquera. Este Panel de Expertos limitaría el sesgo político en las decisiones de las cuotas, pero tampoco garantiza total independencia: de sus cinco miembros, tres son designados por el Presidente de la República, uno es cuasi-designado (proviene del Ministerio de Medio Ambiente) y sólo el quinto procede del Consejo Nacional de Pesca. ¿Cuál será entonces la independencia cuando los pescadores artesanales o el sector industrial presionen en las calles por más cuotas?, ¿cuál será la decisión cuando una pesquería deba ser cerrada o fuertemente limitada en su acceso para recuperarla y llevarla a un estado de Máximo Rendimiento Sostenido?. Conocemos la respuesta de los últimos años, pero esperamos cambie la tendencia.
Me inclino por la propuesta de la Asociación de Profesionales Pesqueros y Acuicultores de Chile, que plantea la creación de un Consejo Técnico Superior de Pesca, autónomo y financiado por una ley de presupuesto, similar al Banco Central. Este Consejo investigaría y definiría sólo con criterios técnicos las cuotas de captura, salvaguardando la sustentabilidad del recurso y entregando información con que el administrador político de las pesquerías distribuya -con criterios económicos y sociales-, de común acuerdo con los involucrados.
M.Sc. Pablo Venegas Cabello
Académico. Departamento de Ingeniería Ambiental, Recursos Naturales y Energía
Universidad Católica de la Santísima Concepción