¡Impunidad! Ese es el resultado final de los escándalos políticos llevados ante los tribunales de justicia. La reciente noticia del acuerdo judicial hecho por los imputados del caso Tsunami, más los otros procesos contra políticos y familiares de ellos, ha puesto de manifiesto una triste realidad: el Poder Judicial se ha vuelto un testaferro de los otros poderes del estado.
La mítica independencia de los poderes del estado, y particularmente la del Poder Judicial, ciertamente nunca fue muy amplia, ni mucho menos completa. Sabemos cómo eran las cosas en Chile antes, digamos durante los últimos cien años: la elite aristocrática y la económica controlaba los poderes del estado y entre ellos se arreglaban y protegían sus intereses. Podríamos decir que había una cultura del tráfico de influencias encuadrada en una estructura de clase. Chile hasta hace muy poco era prácticamente un país campesino o rural, y la cultura del patrón de fundo está marcada a fuego en el alma nacional. Sí, patrones de fundo que no trepidaban en mover sus influencias para cambiar un fallo judicial de la misma manera que no dudaban en violar a la hija del inquilino del fundo si les venía en gana, y por supuesto tratando con gran consideración y espeto al párroco del lugar.
Nuestra cultura, a pesar de tanta modernización, tarda mucho en cambiar esas cosas. Más aún si vemos el promedio de edad de los políticos y ex políticos (varios ya octogenarios o bordeando el número, pero en todo caso todos millonarios ya) poco o nada se puede esperar de ellos, algún cambio de la cultura del patrón de fundo, pues sus herederos –hijos y demás familiares- ya están instalados en la política para perpetuar el modelo cultural.
Sin embargo, las nuevas generaciones de chilenos que no son parte de esa elite (y que aún en su amplia mayoría siguen excluidas de la política) han ido cambiando su sensibilidad. La masificación de los medios de comunicación y las redes sociales han logrado zafar en parte a estas nuevas generaciones de manos de esa elite, que se resiste a renunciar a sus privilegios e influencias en los poderes del estado. Hoy es esa sensibilidad, la de esas nuevas generaciones, la que se siente herida y conmocionada por tanta impunidad.
Ya no es la impunidad de los que violaron los derechos humanos durante la dictadura militar. Se trata de una nueva impunidad, la de los políticos y responsables del Estado que se presentaron hace más de veinte años como los restauradores del derecho y de la democracia, y que hoy los vemos como los protagonistas de los escándalos de corrupción más grandes y numerosos que jamás haya tenido nuestro país. Y gracias a la connivencia del Poder Judicial esos mismos hoy salen libres de toda responsabilidad penal. Más honor tiene hoy un condenado en la cárcel que estos “liberados” por el Poder Judicial. Triste final para toda una generación política que creyó arrogantemente ser mejor que los tiranos y hoy yace en el suelo aplastada por su propia soberbia y avidez. ¡Ojalá las nuevas generaciones aprendan esta triste lección de esta decepcionante generación política y judicial! Una generación perdida que pronto ha de ser sepultada bajo la vergüenza y la deshonra del juicio histórico y de la conciencia nacional. Las esperanzas están puestas en las nuevas generaciones. De ellas no se espera necesariamente una honradez heroica, pero sí una honestidad razonable que restaure la política, la república y el ejercicio de las leyes.
