De los 39 países que forman parte del la OCDE, Chile es donde las familias hacen el mayor aporte financiero para educar a sus hijos. En la mayoría de los países desarrollados la educación es gratuita en todos los niveles y prácticamente no existe educación privada. Entre ellos se cuenta Finlandia, verdadero modelo de gestión de calidad y equidad y al cual han viajado varias veces nuestros políticos y parlamentarios. ¿Cómo llegaron estos países a tal decisión?
Debemos recordar que cuando se crearon las escuelas públicas, a mediados del siglo XIX en Europa (antes no existían), bajo la influencia de la ilustración y la industrialización, también algunos se preguntaban para qué educar a los pobres y gratis, cuando la educación era para los que siempre pudieron pagarla (institutrices, ayos o ayas, preceptores, mentores).
Para establecer la gratuidad de la educación (incluso en Chile), han de existir sólidos fundamentos antropológicos, justificaciones morales y fines políticos superiores que expliquen que ha de ser así, sin costo directo para las familias, financiada por el Estado en todos sus niveles para asegurar calidad y equidad a todos y cada uno de sus ciudadanos.
La mayor parte de los países del mundo en donde existe educación publica gratuita (y de calidad) no sólo han llegado a dichas definiciones, sino que más aún, lo han resuelto a través de los impuestos que pagan todos, sin excepción, evasión, elusión, exenciones o rebajas tributarias -groseras- como ocurre en nuestro país, donde nunca ha existido una discusión seria, profunda y participativa al respecto.
El sistema de financiamiento en Chile ha sido decidido por unos pocos en atención a propósitos de crecimiento económico pero no en función del desarrollo social y cultural del país. La brecha económica, social y cultural existente (la mayor del mundo) es reflejo del crecimiento económico sin desarrollo humano, donde la educación gratuita parece una falacia de los pobres o una obra de filantropía de quienes concentran la riqueza del país.
Hoy se hace necesario educar para una ciudadanía cada vez más informada y participativa, con identidad cultural propia para vivir en un mundo globalizado, razón por la cual los Estados han de hacer reformas para alcanzar modelos educativos y sistemas de financiamiento que aseguren alcanzar fines políticos duraderos, sólidos y sustentados en una visión de la persona humana con derechos naturales inalienables, como la educación y la salud. Llegó la hora de “Humanizar y compartir con equidad el desarrollo en Chile” (Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, septiembre 27 de 2012) y pensar en una educación pública gratuita.
Aladino Araneda Valdés
Académico Facultad de Educación
Universidad Católica de la Santísima Concepción