Las sociedades modernas, en especial aquellas como la chilena tributaria del modelo socio-político de la democracia representativa, aspiran permanentemente al mejoramiento de sus normas de convivencia y de las garantías jurídicas fundamentales. Ello explica desde la racionalidad política la necesidad de avanzar hacia una renovación constitucional en Chile que permita dar respuesta a los “nuevos tiempos” pero resguardando aquellos derechos fundamentales que han recogido todas las constituciones políticas desde el primer texto fundamental dictado en 1812 hasta la actual constitución de 1980.
El debate en Chile se ha centrado- en esta primera etapa- fundamentalmente en los requisitos obligatorios que debería cumplir el proceso constituyente y su contenido, es decir: expresión de la soberanía popular, participación ciudadana “masiva” (de ahí el experimento de las asambleas o cabildos ciudadanos), debate sobre las garantías sociales y cuestionamiento de la “legitimidad democrática” del actual texto constitucional. Lo anterior posee el evidente riesgo de transformar este “asambleísmo” popular en el “único” mecanismo legitimador de un texto constitucional que debe expresar necesariamente el debate de los diferentes actores políticos y sociales del país.
Junto al ciudadano de la calle que posee opinión (muchas veces más criterioso y racional que los líderes asambleístas) debemos escuchar y debatir con las élites políticas, intelectuales y académicas; de igual manera el mundo del trabajo y de la actividad productiva debe incorporarse activamente en el proceso, ya que ello permitirá recoger las sensibilidades, intereses y “visión de mundo” de todos los protagonistas de la sociedad chilena.
La dinámica de integración social en el debate constituyente no debe significar el desconocimiento de la herencia constitucional y las garantías fundamentales que posee la Constitución de 1980 (legitimada por el plebiscito de 1988 y 1989 y por la reforma constitucional de Lagos de 2005) la cual ha permitido en estos 36 años construir una sociedad moderna, sustentada en prácticas y una cultura democrática, participativa y exitosa como proyecto socio-político que se materializó en la llamada “transición política chilena”.
El resguardo de los derechos ciudadanos, la libertad del hombre y las instituciones que forman la sociedad chilena es uno de los capitales más valiosos de la experiencia histórica chilena de los últimos 40 años, lo que debe estar presente en el debate constituyente como herencia de una organización socio-política que busca fortalecer una democracia moderna en Chile.
