Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la política industrial es un componente esencial de cualquier política de desarrollo sostenible, pues es aquella que debe abocarse a reducir la brecha tecnológica entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, orientar los procesos de innovación y difusión de tecnología, la diversificación productiva, y evitar el uso predatorio de los recursos naturales.
Aunque con distintos nombres, estas políticas se han implementado prácticamente en todos los países de la Ocde con exitosos resultados, demostrando que aquellos que han logrado un crecimiento económico inclusivo, lo han hecho diversificando su matriz exportadora con el apoyo de políticas industriales estatales.
Varios ejemplos se pueden señalar, Irlanda, Japón, Malasia, Corea del Sur, Alemania y Tailandia, son solo algunos, pero todos tienen un común denominador, la coordinación entre el sector público y el sector privado, que han sido capaces de trabajar conjuntamente en detectar y desarrollar nuevos productos, servicios y sectores.
¿De qué estamos hablando?
Según la Cepal, la política industrial o política de desarrollo productivo, se refiere a aquellas políticas que buscan ampliar las ventajas comparativas de un país hacia bienes y servicios que el país no está aún en condiciones de producir competitivamente, pero que tienen una probabilidad no despreciable de ser rentables sin apoyos estatales en períodos acotados de tiempo.
No nos referimos entonces a la política industrial basada en la sustitución de importaciones de los años 50 y 60, cuyo fracaso estuvo, entre otras razones, en el excesivo proteccionismo comercial y la ausencia de coordinación económico-estratégica regional; sino que estamos hablando de la política industrial moderna, aquella que reconoce al sector privado como el principal motor de emprendimiento e innovación, pero que también le da al Estado un rol importante, particularmente cuando existen fallos de mercado que dificultan que emerjan nuevos sectores. Se trata de una política que incorpora la innovación, el progreso técnico, la igualdad y la sostenibilidad como motores del crecimiento económico, de ahí la importancia de impulsarla, pues solo así avanzaremos en el camino del crecimiento sustentable e inclusivo, disminuyendo las brechas de productividad que existen entre Santiago y las regiones, las pymes y las grandes empresas y entre Chile y los países desarrollados,
Por cierto, que para una economía pequeña como la nuestra, estas políticas necesariamente pasan por diversificar las exportaciones. La estrategia de apertura comercial y los múltiples acuerdos comerciales alcanzados por nuestro país, son, sin lugar a dudas, un gran logro; sin embargo, nuestra matriz exportadora es poco diversificada, altamente concentrada en la exportación de commodities y con muy poca presencia de mujeres y de empresas de menor tamaño.
La política industrial, es entonces, el necesario complemento a la exitosa política comercial de Chile y serán, en consecuencia, los aumentos de productividad medidos en el tiempo, combinados con la capacidad de competir tanto en el mercado nacional como internacional, los mejores indicadores de su éxito o fracaso.
Los necesarios acuerdos
Sin duda, que al igual que en el caso de la política comercial, la política industrial o estrategia de desarrollo productivo, necesitará desplegarse durante varios períodos de gobierno. Necesaria será entonces, la mirada del bien común, pues solo así, podremos generar amplios acuerdos entre los actores sociales y políticos por la vía de procesos de co-construcción, que debiesen traducirse en el establecimiento de estrategias de largo plazo, que cuenten con financiamiento y que se instalen en un lugar relevante de la agenda país.
En un Chile fragmentado, con poca capacidad de escucha empática y en el que la confianza es un bien escaso, ¿Podremos lograrlo?