La concepción e implementación de un plan de mitigación para enfrentar las negativas consecuencias del terremoto en áreas sensibles como salud, educación, vivienda y trabajo, es la primera tarea que debe afrontar el gobierno previo al inicio de las tareas de reconstrucción; de ello depende la sobrevivencia y/o la dignidad de decenas de miles de familias que se vieron afectadas por el desastre natural.
El gobierno a través de los distintos ministerios, diseñó un plan de mitigación que recoge en forma asertiva los principales problemas que aquejan a nuestra población. Creación de empleos, entrega de viviendas provisorias, reposición de bienes de capital para la pesca artesanal, plan de contingencia para el inicio del año académico y plan de estímulos para evitar la deserción escolar, son el conjunto de medidas con las cuales el gobierno hace frente a las principales dificultades de corto plazo.
Concebido el plan de mitigación, viene la etapa más sensible para las autoridades regionales: su implementación. Los fantasmas del centralismo y la amarga experiencia vivida en las horas posteriores al terremoto con el desconocimiento y desafección total del gobierno central con el drama que estaba viviendo nuestra población, ha conducido al gobierno regional a rechazar de plano la idea en desplegar un Delegado Presidencial para las zonas de catástrofe.
Sin embargo, más allá de la legítima aspiración de las autoridades regionales de profundizar la descentralización administrativa y económica de la Región del Bio Bio, el marco político y legal de nuestro país entrega amplias atribuciones al poder ejecutivo cuyo máximo representante es el Presidente (a) de la República. Esta cruda realidad quedó de manifiesto en las dramáticas 48 horas siguientes al terremoto cuando el Intendente de la Región del Bio Bio quedó aislado del gobierno central y sin atribuciones legales suficientes para decretar estado de excepción, que permitieran contener las hordas de saqueadores que habían sobrepasado completamente a las instituciones de orden público y seguridad a su disposición.
Frente a esta realidad político administrativa, un Delegado Presidencial constituido en nuestra Región tiene atribuciones para destrabar los recursos que suelen quedar atrapados por la burocracia estatal y libera a las autoridades regionales de los periplos de interminables reuniones con el gobierno central, concentrando su ocupación en hacer llegar en forma efectiva la ayuda a las familias más afectadas con el terremoto y sus efectos colaterales.
Renato A. Segura
Economista Facea UCSC
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