El agua en la actualidad es uno de los temas más relevantes en la discusión sobre las futuras políticas públicas de nuestro país. Los debates en torno a la gestión del recurso hídrico son de una naturaleza compleja, pues hacen mención tanto a tópicos climáticos, tales como la mega sequía, los impactos del cambio climático, la variabilidad propia del clima global y local, así como otros de tipo administrativo, que se refieren principalmente a los cambios en la actual regulación. No cabe duda que tanto el manejo actual y futuro del agua, así como las políticas públicas derivadas de ello, constituyen un panorama complejo que debe ser abordado de forma integral y consciente, lo que a su vez lo convierte en un gran desafío.
El contexto actual del agua se puede parafrasear en “la peor mega sequía de nuestra historia”. Algunos datos que confirman esto son los entregados por el MOP, donde a noviembre de 2021 existen 184 de las 346 comunas, equivalentes al 53% del total nacional entre las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Los Ríos y Los Lagos que poseen una declaración de escasez hídrica, y donde la población de estas zonas supera los 8 millones de habitantes.
También, por primera vez desde que se tiene registro, se declaró un decreto de escasez hídrica para la región de Los Ríos, lo que evidencia paradójicamente menor disponibilidad de caudales en una de las zonas de mayor precipitación en nuestro país. El Estado, por su parte, ha podido mitigar los impactos sociales de la sequía a través de medidas paliativas como, por ejemplo, el transporte de agua por medio de camiones aljibe, lo cual ha significado un importante aumento del gasto público. Sin duda, esta solución no resuelve la actual crisis hídrica, considerando que se necesitan cambios más profundos en el manejo y administración del recurso, además del trabajo mancomunado de todos sus actores.
Para disminuir los impactos de la crisis hídrica que vivimos actualmente, y que podría acrecentarse en los próximos años, debemos trabajar urgentemente en actualizar las políticas públicas. La conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, los recursos naturales y derechos fundamentales, que estarían incluidos en la nueva carta magna, podrían ser un instrumento para evitar futuras crisis sociales y ambientales y avanzar en resolver la escasez de agua.
Dentro de los puntos que más prevalecen en la discusión de redacción de la Constitución se encuentran las garantías exigidas al Estado para hacer efectivo el derecho fundamental al agua que establece que toda persona tenga derecho de acceso al agua potable y al saneamiento en condiciones de igualdad y no discriminación. También predomina el debate de la priorización de los distintos usos del agua y la definición de la misma como bien nacional de uso público por sobre el bien económico. Otro punto que ha sido preponderante es la discusión respecto al derecho colectivo sobre la protección de las aguas para la conservación de la naturaleza y los ecosistemas en resguardo de las generaciones futuras, incorporando un sentido de sostenibilidad del recurso hídrico.
Además de la contribución que pueda hacer el capital humano avanzado de nuestro país respecto a estas discusiones dentro del proceso constituyente, también es fundamental el trabajo posterior de los científicos, el que deberá ser apoyado por financiamiento público y privado para el estudio interdisciplinar del agua. Es claro que, para mejorar el bienestar de nuestra sociedad, no podemos quedarnos únicamente en la redacción del texto constitucional, sino que se deben entregar señales contundentes de que las mejoras van en el sentido esperado. Las ciencias jugarán un papel clave en entregar esta evidencia, construyendo indicadores que informen sobre los avances en materia del agua, evaluando las acciones que irán en beneficios de las personas, el medio ambiente y sus recursos naturales.
