El 29 de febrero de 2012 ingresa al parlamento la ley de Carrera Docente, como iniciativa que procura generar cambios para la mejora de la educación chilena, desde atraer a jóvenes que sienten la vocación de educar y servir a la sociedad formando personas hasta retener a los mejores profesionales mediante un sistema de incentivos económicos y de formación continua.
La idea central está sustentada en el reconocimiento al mérito individual. El desempeño docente debe ser evaluado a través de un sistema centralizado (Mineduc) y descentralizado (director); estas evaluaciones y sus resultados determinarán el salario docente.
No obstante lo que se declara en la ley y la intencionalidad de buscar una valoración por la tarea y estatus del profesor en tanto profesional de la educación, es preciso redefinir su rol no únicamente como transmisor de cultura sino también como colaborador fundamental en la construcción de la sociedad, y el reconocimiento a su mérito ha de ser entendido en sentido amplio y no sólo de una manera individualista competitiva, moralizante, sino en el contexto de una comunidad educativa que potencia el trabajo en equipo, la capacidad de iniciativa, el desarrollo de la cultura y las artes de modo inclusivo.
Por otra parte, los incentivos económicos no pueden estar sujetos a los resultados de pruebas, test o cifras del Simce, sino a los desempeños definidos en el Marco para la Buena Enseñanza, pudiéndose generar otros mecanismos de evaluación profesional, y se hace necesario además garantizar la formación, capacitación y actualización permanente del docente.
Respecto de los incentivos, sería importante establecer mecanismos diferenciadores de acuerdo a los contextos socioculturales de especial singularidad y de alta vulnerabilidad para la inserción laboral de profesores con gran nivel de desempeño. En esta línea, adquieren valor los mecanismos de evaluación mixtos ya que intervienen todos los actores del sistema educativo. Sin embargo, habría que dejar en claro que la orientación de la evaluación es para la mejora y no para la sanción.
Por último, quisiera resaltar de esta iniciativa legal la mayor autonomía en la gestión que se les entrega a los directores de las escuelas y liceos, con el fin de producir los cambios que se necesitan, acorde a sus proyectos educativos.
Rodrigo Ruay Garcés
Académico Facultad de Educación
Universidad Católica de la Santísima Concepción