Los abusos cometidos a niños y niñas en nuestro país nos han de mover a profundas reflexiones acerca de esos hechos, por su magnitud e impacto en los afectados y sus familias, pero también para buscar soluciones a un problema que -a lo menos- nos debiera dar vergüenza como sociedad por no haber evitado el daño causado a nuestros hijos.
Son demasiados los casos de abusos en escuelas, jardines infantiles, colegios, centros de menores, etc., lugares que fueron concebidos para brindar cuidados, protección y educación, pero lo ocurrido evidencia que allí no se cumplió la responsabilidad que la sociedad asignó a la institución y al personal a cargo de cumplir con tal deber.
Por ello es necesario introducir leyes y reglamentos mucho más rigurosos para la selección y desarrollo del personal que tiene funciones de trato directo con menores y adolescentes e incluyan exhaustivos proceso de inducción antes de su contratación. En sus manos está la integridad de nuestros hijos, su futuro sano y la dicha que todos aspiran en sus vidas.
También se debieran establecer procedimientos rigurosos para la selección de las personas que aspiran a estudiar una carrera técnica o profesional vinculada a tareas educativas y cuidado de menores. El sistema de selección para todas las carreras del área de educación (profesores, educadores y técnicos), al menos, debieran considerar baterías de test que midan rasgos de personalidad que pesquisen posibles problemas mentales y desviaciones sexuales en los postulantes, complementados con entrevistas, entrenamientos prácticos de trabajo con menores y jóvenes, así como exigir a los postulantes informes de personalidad emitidos por los establecimientos educacionales de procedencia respaldados por profesionales idóneos, además de orientadores, emitidos por sicólogos, asistentes sociales, neurólogos, terapeutas, etcétera.
Es probable que con estas exigencias disminuyan las postulaciones, pero así como nunca será posible eliminar del todo este tipo de hechos, se reduce sin embargo el riesgo y se aborda un trabajo que hasta ahora no se realiza, ni siquiera de manera preventiva.
En el futuro, como se hace en algunos países con altos estándares educativos, se debiera licitar la formación de técnicos y profesionales vinculados al trato directo de menores de edad, estableciendo cantidad y calidad del personal requerido, por regiones, sectores, niveles, modalidades y especialidades. La cantidad justa para la calidad requerida de profesionales por el sistema.
Aladino Araneda Valdés
Académico Departamento Fundamentos de la Pedagogía
Facultad de Educación
Universidad Católica de la Santísima Concepción