Debido a las condiciones geográficas de Sudamérica, nuestra región es propensa a fenómenos naturales de gran intensidad (un estudio que comprendió América Latina y el Caribe entre 1970-1999 reportó un promedio de 32,4 desastres por año). Pero los altos costos económicos y humanos asociados a estos fenómenos son el resultado de la extrema vulnerabilidad socioeconómica, así como de políticas inadecuadas de gestión del riesgo asociado a desastres naturales.
En este sentido, un estudio que consideró 200 desastres naturales, identificó que entre las variables que reducen la vulnerabilidad de un país ante este tipo de catástrofes, se encuentran el nivel de integración mundial y la profundidad del mercado de capitales, respecto a lo cual Chile tiene tareas pendientes.
En efecto, a partir del año 2001, con las reformas al mercado de capitales MKI, MKII y con el actual proyecto de ley MKIII, Chile ha incentivado tanto la integración internacional como la profundización de su mercado, a través de medidas como las modificaciones al estatuto legal que regula la bolsa off-shore, la exención al pago de impuesto a la renta por ganancia de capital a inversionistas extranjeros y la incorporación de los llamados Exchange Trade Funds (ETFs), entre otras.
No obstante lo anterior, las mencionadas reformas no incorporan ninguna medida respecto a instrumentos financieros destinados a la administración de riesgos derivados de catástrofes naturales, tales como los activos derivados del clima (nieve, temperatura, etc), que sirven de cobertura para aquellos sectores de la economía cuyos beneficios dependen del comportamiento climático y de las fuerzas de la naturaleza, como la agricultura, centros de sky, entre otros.
Otro tipo de instrumento es el llamado “bono catástrofe” (CA0T BOND), que puede ser emitido por entidades públicas o privadas con la finalidad de cubrirse respecto a los riesgo de un desastre natural. Esta herramienta económica tiene la ventaja de proveer fondos inmediatamente después de un desastre, sin esperar los planes de financiamiento respectivos. Al respecto, México en el año 2006 fue uno de los primeros países en vías de desarrollo en emitir esta medida, la que tuvo un alcance total de US$160 millones, donde de existir un terremoto de determinada escala en un periodo de tres años los fondos serían entregados en forma inmediata a México, de no ser así los inversores obtendrían el capital en devolución más una determinada rentabilidad.
Si bien en Chile se transan derivados tales como Swap, Seguro Inflación y Forwards, estos básicamente se utilizan para cubrir riesgos financieros. Lo anterior dista bastante de mercados desarrollados, donde la ingeniería financiera permite la diversificación de todo tipo de riesgos, entre ellos los de desastres naturales.
José Tomás Arias
Facea, Ucsc
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