Hace unos días atrás, diversos medios de comunicación tanto nacionales como internacionales se hicieron eco del deseo de Chile de ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el bienio 2014-2015, un hecho que a muchos tomó por sorpresa. No debe extrañar dicha candidatura, puesto que no es la primera vez que nuestra Cancillería en pleno sale a buscar apoyo y respaldo internacional para tal propósito.
La relación Chile-Naciones Unidas, se remonta a los propios cimientos constitutivos de este organismo, cuando nuestro país fue invitado para participar en la Conferencia de San Francisco en abril de 1945. En dicha ocasión, el Ministro de Relaciones Exteriores, Joaquín Fernández se sumó a las diversas reuniones para poner en marcha este conglomerado y por cierto, teniendo muy claro el objetivo a cumplir, ya lo decía él: “Queremos que la América Latina tenga una adecuada representación en el Consejo de Seguridad y que se refuerce la autoridad y acción de la Asamblea. Queremos también que la organización sea universal, que represente los intereses de la comunidad y no los intereses particulares de ninguno de sus miembros, que se precisen y amplíen los artículos de la Carta relativos a los fines y principios de la organización y que se extienda la jurisdicción y la competencia de la Corte Internacional de Justicia”.
La primera vez que Chile se integró como Miembro no Permanente del Consejo de Seguridad fue entre 1952-1953, con una alta mayoría de votos, incluso, sobrepasando el mínimo de los dos tercios requeridos por reglamento. De esta manera, nuestro país, bajo un mundo marcado por el inicio de la Guerra Fría, tuvo que hacer frente a situaciones especiales en el ámbito interno que le significaron importantes desafíos a cumplir. El periodo coincidió con las administraciones de Gabriel González Videla, que tuvo como delegado permanente a un activo diplomático en la figura de Hernán Santa Cruz, y luego, a partir de noviembre de 1952, con el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, quien nombró al ex parlamentario, Rudecindo Ortega.
Durante el bienio Chile tuvo que ser parte de las discusiones en torno al primer gran enfrentamiento tras el término de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y a la utilización de uso indiscriminado del veto, del cual el Gobierno fue especialmente crítico con las acciones de la URSS.
Una década posterior Chile regresó al escaño de los Miembros no Permanentes, en esta ocasión reemplazando a Argentina, para el bienio 1961-1962, un periodo en que se desarrolló un clima en que la política internacional estuvo crispada y enfrentada en bloques antagónicos que vinieron a ralentizar las decisiones emanadas desde Naciones Unidas.
De allí entonces, la orientación que le brindó a su discurso el gobierno del presidente Jorge Alessandri a su política exterior, en torno la trascendencia e importancia que significaba América Latina para el concierto internacional. Al respecto, Daniel Schweitzer, quien fue el embajador chileno para dicho bienio, dedicó gran parte de su gestión a no sólo potenciar al Estado chileno, como una nación con raíces claramente democráticas y con gran compromiso internacional, sino que también a potenciar al grupo regional. Había claridad que en momentos tan polarizados el apoyo y voto chileno resultaría crucial para llegar a buen puerto toda resolución del Consejo de Seguridad, especialmente, frente al gran conflicto de este periodo como fue la denominada “Guerra Fría del Caribe”, en torno a la crisis de los Misiles en Cuba.
Treinta años más tarde Chile logró nuevamente integrarse al grupo de los diez Miembros no Permanentes del Consejo de Seguridad, para el bienio 1996-1997. El escenario internacional de entonces transitaba por los conflictos territoriales y guerras civiles. Especial atención puso Chile en lo relativo a la crisis humanitaria y los derechos humanos que provocaban luchas encarnizadas en en Etiopía, Burundi, Irak y la Península de los Balcanes.
La situación de los derechos humanos resultó en extremo sensible para Chile, ya que tras el regreso a la democracia en 1990, los gobiernos de la Concertación se comprometieron públicamente con su defensa, por lo tanto, se convirtió en un gran bastión de su política exterior y de lo que sería su actuar dentro del Consejo de Seguridad. De mano del embajador Juan Somavía, el presidente Eduardo Frei Ruíz-Tagle, buscó fortalecer la imagen-país mediante una activa participación de los debates e incluso llegó a abogar por privilegiar la crítica situación que estaba viviendo Haití.
La última vez que Chile fue parte del Consejo de Seguridad, fue durante el bienio 2003-2004, tomando el puesto que dejaba Colombia y nuevamente recibiendo una alta votación, 178 votos de un total 183 validamente emitidos.
Este periodo, sin lugar a dudas, estuvo marcado por lo que para algunos fue una guerra elegida, más que una guerra necesaria en el contexto de la invasión a Irak. Bajo este escenario la política exterior de Ricardo Lagos, fue clara en el trabajo que se debía realizar el Consejo de Seguridad en términos que no podía llevarse a cabo ninguna invasión antes de poner sobre la mesa todos los antecedentes que entregaran el grupo de inspectores de la UNMOVIC.
En este sentido, el Gobierno se fijo dos objetivos centrales: en primer lugar, conocer la postura que tenía cada miembro integrante de Naciones Unidas sobre el conflicto iraquí y, en segundo lugar, solicitar a cada uno de ellos un listado de temas de interés en común para llevarlo al pleno del Consejo de Seguridad para su consiguiente plan de trabajo. Lo que buscó Chile, de mano en primera instancia del embajador Juan Gabriel Valdés y luego de Heraldo Muñoz, fue que las decisiones al amparo de este organismo no fueran arbitrarias, sino que se basaran en el principio rector de la igualdad de los estados. Ideas y posturas que el Gobierno mantuvo a pesar que para aquellos días estaba en juego la firma del TLC con Estados Unidos.
Podemos darnos cuenta entonces, que una quinta participación en el Consejo de Seguridad, le significará a Chile asumir una actitud apegada al derecho internacional, pero también, un desafío importante para dar continuidad a la solicitud de que el Consejo de Seguridad se amplíe en sus Miembros Permanentes y que el derecho a veto de éstos se modifique. Pero también será un desafío para el próximo Gobierno que llegue a La Moneda, el elegir a un embajador/a que esté a la altura de lo que es la política exterior de nuestro país y que honre la relevancia histórica frente a la trayectoria de Chile al interior de este organismo mundial.
Dra. Erna Ulloa Castillo
Académica
Licenciatura en Historia
Universidad Católica de la Santísima Concepción