La designada para este rol es la abogada Lorena Ruiz, quien además se desempeña como Contralor Interno.
La abogada, tiene como misión administrar el modelo de prevención planteado, velar por su correcto cumplimiento, además de sugerir cualquier otro procedimiento para apoyar y fortalecer el modelo establecido.
La Ley Nº 20.039, está referida a la responsabilidad Penal en Personas Jurídicas, lo que quiere decir que las instituciones o empresas pueden ser juzgadas penalmente por los delitos que cometan sus empleados.
Dentro de estos delitos figura el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, receptación o apropiación indebida, asociación ilícita y cohecho.
La regulación es aplicable a personas jurídicas de derecho privado, y empresas del Estado, incluyendo corporaciones y fundaciones sin fines de lucro.
«Esta figura no es nueva, pero el hecho de que seamos parte de la OCDE, hace muy muy prioritario que nuestra Casa de Estudios cumpla con sus estándares y exigencias», precisó Lorena Ruiz.
Las sanciones para las instituciones que incumplan esta ley, van desde multas a la pérdida de la Personalidad Jurídica. » Las multas pueden llegar a las 20 mil UTM, pero lo más grave del no cumplimiento es perder los beneficios fiscales, la posibilidad de celebrar actos con el Estado y la cancelación de la Personalidad Jurídica, temas que implicarían la desaparición de una universidad», sentenció la abogada.
Con la implementación del modelo es posible resguardar la idoneidad y transparencia de los procesos que se desarrollan en la institución y al mismo tiempo, es una instancia de resguardo a la confidencialidad de las denuncias, si así solicita.